Un proyecto polémico: el impuesto a la tierra

El 23 de agosto pasado el presidente José Mujica envió al Parlamento el proyecto que crea un impuesto a la tierra .

El un intento de desestimular la concentración de tierras, se presentó el proyecto del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) con la firma del presidente y la de sus ministros. Sin embargo, el tema ha generado polémica desde que se presentó, fuera y dentro de la cúpula de gobierno .

La primera reacción contraria fue del ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, quien se mostró sorprendido por la idea y se molestó por no haber sido informado de la propuesta.

Sumado a esto, desde un principio, Mujica y el vicepresidente Danilo Astori exhibieron posiciones opuestas sobre la iniciativa de gravar a los propietarios de más de 2.000 hectáreas. Astori sostuvo en su momento que la propuesta implicaba un cambio en el modelo tributario que el país adoptó en la reforma de 2007, y que se basa en la renta y alertó que ese cambio de “reglas de juego” podía afectar la credibilidad del país y perjudicar las inversiones, por lo que hubo varias reuniones entre los jerarcas.
Astori y los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte), coincidieron en que el sector rural debería pagar más pero no en la forma planteada por Mujica. El vicepresidente y esos tres secretarios de Estado plantearon la necesidad de que el campo pague en relación a la productividad y rentabilidad de las tierras y no de su tamaño, y plantearon al presidente una propuesta alternativa.

Por su parte, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) señaló en su momento que si llegaba al Parlamento un proyecto para gravar la tenencia de la tierra, no lo votaría.

Previo a la firma del proyecto, Mujica habló directamente a los ministros que aún no habían firmado el texto e insistió en que no obligaría a nadie a apoyar la propuesta.

Ante esto, los jefes de las carteras manifestaron que darían su respaldo. Aguerre manifestó que firmaría, pero que “hubiera querido un camino diferente y habría insistido con la eliminación del impuesto a los semovientes”.

A mediados de noviembre Diputados dio media sanción al proyecto por 50 votos en 85. En esa instancia, la Cámara de Representantes tuvo que votar dos veces para que quedara aprobado.

Ya casi finalizando el año, en una sesión maratónica, sobre las 3 de la madrugada miércoles 28 de diciembre, el Senado sancionó la ley por 16 votos en 27 presentes (7), votándolo únicamente la bancada del Frente Amplio.

MÁS VOCES OPUESTAS. La posible inconstitucionalidad, la baja recaudación y la poca efectividad para desestimular la concentración, son las dudas que generó en el Frente Amplio el cobro del impuesto.

El Partido Comunista y el Nuevo Espacio expresaron dudas sobre si la recaudación sería sustantiva.
Además, el Nuevo Espacio expresó la necesidad de revisar el texto del proyecto, para salvar algunas inconstitucionalidades.
Representantes de la oposición coincidieron en que las diferencias políticas expuestas por el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori en cuanto al manejo de la tributación y, en particular, el caso del demorado impuesto al tamaño de las tierras, afecta la imagen del gobierno porque demuestra “incoherencia” y que Mujica “se apuró” a anunciarlo sin cerrar un acuerdo en el gobierno.
El senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) dijo que el Partido Colorado no es partidario de aplicar más impuestos a ningún sector.
Tras rechazar al anunciado impuesto, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, cuestionó cualquier iniciativa que pretenda elevar la carga tributaria de algún sector y preguntó “dónde quedó el compromiso electoral de bajar impuestos”.
El presidente del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, dijo a El País que el episodio del impuesto “da una muy mala imagen del gobierno”.

DETALLES. Quienes posean de 2.000 a 5.000 hectáreas (índice Coneat 100) deberán pagar US$ 8 por hectárea al año; entre 5.000 y 10.000 abonarán US$ 12, y por extensiones superiores a 10.000 hectáreas pagarán US$ 16. Según previsiones, el impuesto dejaría una recaudación de US$ 60 millones para el Estado, la que será utilizada casi en su totalidad para la refacción de la caminería rural que se encuentra en mal estado. VEA EL TEXTO.

AGOSTO